La crisis de acceso a la vivienda es también un problema laboral (también en ALBA). El aumento de los precios de compra y alquiler, junto con unos salarios que no siguen el ritmo del coste de la vida, hace cada vez más difícil acceder a una vivienda digna. Tener trabajo ya no garantiza poder pagar una vivienda.
En ALBA, esta problemática nos afecta directamente. Trabajar en Cerdanyola del Vallès no significa poder permitirse una vivienda en el municipio o sus alrededores. Para muchas personas, la alternativa puede ser destinar una parte cada vez mayor de su salario a la vivienda o alejarse del puesto de trabajo, asumiendo mayores costes y tiempos de desplazamiento, especialmente complicados para quienes trabajan a turnos. A esta situación se suman problemas que llevamos tiempo denunciando desde CGT-CELLS, como las limitaciones a la promoción profesional y las desigualdades salariales. Por eso, hablar del derecho a la vivienda es también hablar de nuestras condiciones laborales y del poder adquisitivo de nuestros salarios.
Pero la situación de la vivienda no es únicamente un problema económico o de falta de oferta: es, en gran medida, un problema político. Las administraciones disponen de herramientas para intervenir en el mercado, limitar la utilización de la vivienda como activo especulativo, penalizar la acumulación de viviendas con fines puramente inversores, ampliar de forma decidida el parque público y favorecer una distribución territorial de la actividad económica y de los puestos de trabajo que reduzca la enorme presión existente sobre unos pocos núcleos urbanos. Medidas suficientemente contundentes podrían alterar de forma muy rápida los incentivos del mercado y reducir una parte importante de la presión especulativa sobre los precios.
No estamos hablando de medidas imposibles. Canadá, por ejemplo, aprobó una prohibición federal que impide, con determinadas excepciones, que personas y empresas no canadienses compren vivienda residencial en buena parte del país. La medida entró en vigor en 2023 y ha sido prorrogada hasta el 1 de enero de 2027. El propio Gobierno canadiense justificó la prohibición señalando que las viviendas deben servir para vivir y no convertirse en activos financieros con fines especulativos.
Evidentemente, la medida canadiense es más limitada que una prohibición general de la compra especulativa y no ha eliminado por sí sola el problema de la vivienda. Pero demuestra que limitar legalmente quién puede comprar vivienda y con qué finalidad es una decisión política posible, no una imposibilidad técnica o económica.
Desde una perspectiva sindical, cabe señalar además que la ausencia durante décadas de medidas realmente contundentes contra la especulación inmobiliaria responde también a una correlación de intereses y de poder. Las políticas que reducirían el valor especulativo de la vivienda perjudicarían económicamente a grandes propietarios, fondos de inversión, entidades financieras y otros actores que se benefician del modelo actual y que cuentan con una importante capacidad de influencia sobre las decisiones políticas. Por eso consideramos que el problema no puede desligarse de los intereses económicos que rodean a los gobiernos y partidos y de quienes ejercen presión o contribuyen a financiarlos. La vivienda cara no es una ley de la naturaleza: es también el resultado de decisiones políticas y de las reglas que se deciden establecer, o no establecer, sobre el mercado.
Ante esta situación, se ha convocado una huelga general de 24 horas para el próximo miércoles 11 de noviembre, por el derecho a una vivienda digna y unos salarios que permitan vivir. La convocatoria cuenta con la participación de CGT, CCOO, UGT y otras organizaciones sindicales y movimientos sociales vinculados a la defensa del derecho a la vivienda.
En este contexto, CGT Catalunya ha puesto en marcha una encuesta sobre las condiciones laborales y de vivienda para conocer la realidad de las personas trabajadoras, sus principales preocupaciones y las posibilidades de organización y movilización colectiva. Nos parece importante que también se recoja la realidad de quienes trabajamos en ALBA y cómo nos afecta esta problemática.
Os animamos a participar y a compartir la encuesta con compañeros, compañeras, familiares y amistades:
La encuesta es voluntaria y se presenta como anónima en su declaración de privacidad.
Desde la sección sindical CGT-CELLS os animamos también a estar atentos a las próximas convocatorias, asambleas y movilizaciones que se organicen de cara a la huelga general del 11 de noviembre, tanto en los centros de trabajo como en los barrios. Os mantendremos informados sobre las novedades de la convocatoria y su aplicación en ALBA, incluidas las particularidades del trabajo a turnos.
Más información:
Saludos,
Sección Sindical CGT-CELLS
